Una ola de indignación recorre los barrios de Palermo, Belgrano y Colegiales tras conocerse la decisión del gobierno porteño, encabezado por Jorge Macri, de demoler el histórico puente "Ciudad de La Paz". La controversia surge apenas cuatro meses después de finalizar una costosa refacción que demandó dos años de trabajo y una inversión de $2.000.000, generando un profundo malestar entre los vecinos que consideran la medida un despropósito administrativo.

El puente, que cuenta con más de 100 años de antigüedad, representa un elemento patrimonial significativo para la ciudad. Durante su reciente refacción, los residentes soportaron el cierre total de la estructura, lo que provocó serios inconvenientes en la circulación vehicular y peatonal, además de un notable incremento en los índices de inseguridad de la zona. Esta situación de obras prolongadas había generado ya un primer foco de tensión entre la comunidad y las autoridades locales.

La empresa AUSA, perteneciente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya lanzó oficialmente la licitación para proceder con la demolición del puente actual y la construcción de una nueva estructura. Esta decisión ha sido interpretada por los vecinos como una muestra de descoordinación gubernamental y un uso irresponsable de los recursos públicos, considerando la reciente finalización de las obras de refacción.

La resistencia vecinal encuentra su voz técnica en la arquitecta Paula Gómez Ortega, quien lidera la oposición a la demolición argumentando que el puente está protegido por legislación patrimonial. Según los manifestantes, la estructura posee un valor histórico incalculable que trasciende su función meramente utilitaria, constituyendo parte de la identidad urbana de estos tradicionales barrios porteños.

Los vecinos han expresado sus sospechas sobre las verdaderas motivaciones detrás de esta decisión, señalando la existencia de posibles intereses inmobiliarios que estarían impulsando el proyecto. El nuevo puente permitiría el paso de camiones pesados, algo que actualmente está prohibido en esa angosta arteria, lo que podría favorecer desarrollos urbanos de mayor envergadura en la zona.

"El puente tiene una onda poética", expresó uno de los vecinos entrevistados, reflejando el sentimiento generalizado de la comunidad respecto al valor simbólico y estético de la estructura. Esta frase resume la percepción de que la decisión gubernamental privilegia criterios puramente funcionales por encima de consideraciones patrimoniales y comunitarias.

El conflicto evidencia una creciente tensión entre las políticas de modernización urbana del gobierno porteño y la preservación del patrimonio histórico de la ciudad. Los vecinos cuestionan la falta de transparencia en el proceso de toma de decisiones y reclaman mayor participación ciudadana en proyectos que afectan directamente su calidad de vida y entorno barrial.

La movilización vecinal promete intensificarse en los próximos días, mientras la licitación avanza según el cronograma oficial. Este nuevo episodio de resistencia comunitaria pone en el centro del debate la gestión de los recursos públicos y la necesidad de equilibrar el desarrollo urbano con la preservación del patrimonio histórico de Buenos Aires.

Fuente: relevamiento informativo en zona y vecinos movilizados 
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