La Ciudad de Buenos Aires enfrenta una crisis habitacional que se agrava año tras año, mientras las políticas públicas destinadas a resolverla retroceden. El Presupuesto 2026 asigna a la vivienda menos del 1% del gasto total porteño, el nivel más bajo en catorce años, y proyecta una caída real del 22,9% respecto a 2025. Esta reducción no solo afecta a los barrios populares, donde el 75% de los habitantes vive bajo la línea de pobreza, sino que también deja sin alternativas a la clase media, que ve cómo el acceso a la vivienda propia o al alquiler se vuelve cada vez más inalcanzable. La gestión de Jorge Macri, jefe de gobierno porteño, ha priorizado discursivamente a la clase media, pero los números muestran que ni siquiera para este sector hay avances concretos: los programas de apoyo al alquiler sufrieron una caída del 7,4%, y los créditos hipotecarios siguen siendo una promesa incumplida.

El recorte presupuestario impacta directamente en la continuidad de obras esenciales, como el acceso a agua y cloacas en villas, según advirtió la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Entre 2017 y 2019, la inversión en vivienda llegaba al 4% del presupuesto, impulsando proyectos de integración socio-urbana en barrios como el Mugica, Villa 20 y Rodrigo Bueno. Hoy, esas obras están paralizadas o avanzan a un ritmo mínimo, mientras el gobierno local critica el modelo de urbanización de villas sin ofrecer alternativas viables. La contradicción es evidente: se recortan fondos para los sectores más vulnerables, pero tampoco se destinan recursos suficientes para facilitar el acceso a la vivienda de la clase media, que enfrenta alquileres récord y una oferta cada vez más reducida.

El mapa inmobiliario de la ciudad refleja una polarización geográfica y social. El 70% de los nuevos desarrollos se concentran en nueve barrios del norte y centro, donde el metro cuadrado supera los u$s1.300 en obras estándar y los u$s1.600 en proyectos premium. Mientras, en los barrios populares, la falta de inversión pública profundiza el déficit habitacional. La especulación inmobiliaria y la concentración de la riqueza —el 10% más acaudalado acapara el 60% del valor inmobiliario— agravan la desigualdad. La clase media, que según el IDECBA necesita ingresos superiores a los $2,2 millones mensuales para no caer en la pobreza, se ve obligada a destinar más del 40% de sus ingresos al alquiler, en un mercado donde el precio promedio de un departamento de dos ambientes son muy elevados.

La promesa de créditos para la clase media y la eliminación del impuesto de sellos para créditos hipotecarios chocan con una realidad donde el acceso al financiamiento sigue siendo limitado. El gobierno porteño eliminó el gravamen para la compra de viviendas únicas, pero esto no se traduce en soluciones concretas: los requisitos para acceder a beneficios son restrictivos, y la oferta de créditos sigue siendo insuficiente. Mientras, los programas de urbanización de villas sufren un recorte del 27%, y el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) ve reducido su presupuesto en un 15%. La falta de obras nuevas y la paralización de proyectos existentes dejan en evidencia que la política habitacional no tiene un rumbo claro, más allá del equilibrio fiscal.

El discurso oficial insiste en que el modelo de urbanización de villas fracasó, pero los datos muestran que los procesos de integración socio-urbana mejoraron el acceso a servicios básicos en esos barrios. Lo que sí fracasó es la voluntad política de continuar y profundizar esas políticas. La ACIJ y otras organizaciones denuncian que el ajuste presupuestario no solo frena las obras en villas, sino que también recorta programas sociales esenciales, como los de alimentación y apoyo a recuperadores urbanos. La clase media, por su parte, no encuentra en el presupuesto 2026 herramientas reales para acceder a la vivienda: los subsidios son mínimos, y los alquileres, muy costosos para la mayoría de los asalariados.

La Ciudad de Buenos Aires se consolida como un territorio de contrastes: torres de lujo en el norte y villas sin servicios en el sur. El desarrollo inmobiliario se concentra en zonas de alto poder adquisitivo, mientras los barrios populares acumulan déficits históricos. La falta de políticas integrales agrava la crisis: no hay créditos masivos y los programas de vivienda social son residuales. El resultado es una ciudad cada vez más desigual, donde el derecho a la vivienda se convierte en un privilegio, no en un derecho garantizado.

La situación se agrava con un mercado de alquileres en crisis: el índice de vacancia es del 2,1%, el más bajo en ocho años, y los precios no dejan de subir. La clase media, que según el gobierno debería ser prioridad, enfrenta un escenario donde el alquiler consume la mayor parte de sus ingresos, y la compra de una vivienda es casi imposible sin financiamiento accesible. Mientras, el gobierno porteño destina millones a ítems cuestionables, como el Autódromo, mientras recorta fondos para vivienda y servicios básicos. La ausencia de un plan integral dejan en claro que la vivienda no es una prioridad real.

Ante este panorama, la pregunta es inevitable: ¿hacia dónde va la política de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires? El Presupuesto 2026 no ofrece respuestas, solo recortes y promesas incumplidas. La crisis habitacional no se resuelve con discursos, sino con inversión, planificación y voluntad política.

---

Fuente: Relevamiento informativo y análisis editorial

Caracteres: 5426