Un operativo policial de gran escala se llevó a cabo en Bonpland 1660, en el barrio de Palermo, para desalojar el Centro Cultural Bonpland, un espacio que funcionaba como comedor social, centro cultural y punto de encuentro comunitario desde hace más de dos décadas. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires justificó la acción alegando la ocupación ilegal de un predio que, según sus registros, estaba asignado originalmente en 2001 y que forma parte de la estructura del Mercado Bonpland. Sin embargo, el operativo no solo reavivó el debate sobre la legalidad de la ocupación, sino que también puso en evidencia una política sistemática de desalojos que, según organizaciones sociales, puede representar una estrategia de persecución y vaciamiento de espacios comunitarios en la ciudad.

El desalojo del Bonpland no es un caso aislado. Desde el inicio de la gestión actual, se han registrado 376 desalojos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que equivale a un operativo cada 30 horas. Esta cifra, difundida por el propio Gobierno porteño, refleja una política de “recuperación del orden” que, en la práctica, se traduce en muchas clausuras de espacios que brindan servicios esenciales a sectores vulnerables. El Centro Cultural Bonpland, por ejemplo, albergaba un comedor que servía 100 platos diarios y desarrollaba talleres, apoyo escolar y eventos solidarios. La organización La Dignidad, vinculada al espacio, aseguró que contaba con una habilitación vigente hasta 2025, aunque el Gobierno de la Ciudad cuestiona su validez y denuncia que el predio se utilizaba para actividades no autorizadas, como alquiler de eventos y bailes, lo que generó denuncias vecinales por ruidos y ocupación del espacio público durante años.

La disputa legal por la validez de la habilitación del espacio es solo una arista del conflicto. Mientras el Gobierno insiste en que el desalojo se enmarca en una política de recuperación de inmuebles usurpados, las organizaciones afectadas denuncian que se trata de una ofensiva contra los movimientos sociales y culturales que no se alinean con el modelo de ciudad que se busca imponer: uno orientado al turismo extranjero y a la especulación inmobiliaria. Esta visión es respaldada por analistas y medios que señalan que, en los últimos meses, se han clausurado otros espacios similares, como el Espacio Cultural La Casa, también en Palermo, dejando sin alternativas a comunidades que dependían de sus actividades. La falta de preaviso y la ausencia de soluciones para reubicar los servicios que brindaban estos centros agravan la percepción de que el objetivo no es solo recuperar predios, sino debilitar la red de contención social que construyeron durante años.

El operativo en Bonpland también expuso las tensiones entre el Gobierno y los vecinos del barrio. Mientras algunos residentes celebraron la medida, argumentando que el espacio generaba desorden e inseguridad, otros expresaron su apoyo al centro cultural, destacando su rol en la asistencia a personas en situación de calle y en la promoción de actividades culturales abiertas a la comunidad. Esta división refleja un conflicto más amplio sobre el uso del espacio público y el tipo de ciudad que se quiere construir. El Gobierno de Jorge Macri ha defendido su política de desalojos como una forma de garantizar el orden y la legalidad, pero críticos señalan que, en la práctica, estas acciones profundizan la exclusión y la desigualdad, especialmente en un contexto de crisis económica donde los comedores populares y los centros comunitarios son cada vez más necesarios.

El desalojo del Bonpland, además, se enmarca en una serie de medidas que han generado controversia por su enfoque represivo. En los últimos meses, el Gobierno porteño ha avanzado en la clausura de otros espacios comunitarios, la demolición de centros de jubilados con décadas de historia, y la “limpieza” de parques y calles de personas en situación de calle. Estas acciones, según organizaciones de derechos humanos, forman parte de una política ultraderechista que busca transformar la ciudad en un espacio aséptico, libre de conflictos sociales, pero que, en el proceso, invisibiliza y margina a los sectores más vulnerables. El caso del Bonpland es emblemático porque, más allá de la disputa legal, simboliza la pérdida de un espacio que, durante 20 años, fue un referente de resistencia y organización popular.

El Gobierno de la Ciudad ha insistido en que los desalojos se realizan en cumplimiento de la ley y que, en la mayoría de los casos, cuentan con órdenes judiciales. Sin embargo, en el caso del Bonpland, los ocupantes denuncian que el operativo se llevó a cabo sin preaviso y sin ofrecer alternativas para continuar con las actividades que desarrollaban. Además, cuestionan que, si el Gobierno consideraba ilegal la ocupación, ¿por qué durante años envió raciones de comida para el comedor y permitió que el espacio funcionara sin intervenciones? Esta contradicción alimenta la sospecha de que el desalojo responde más a una decisión política que a un estricto cumplimiento legal. La falta de transparencia y la ausencia de un diálogo real con las organizaciones afectadas profundizan la desconfianza en las instituciones y en la voluntad del Gobierno de buscar soluciones que no impliquen la exclusión.

El impacto del desalojo trasciende lo inmediato. La clausura del Bonpland no solo deja sin un lugar de referencia a personas que dependían de sus servicios, sino que también envía un mensaje claro a otros espacios comunitarios: la ciudad no tolerará ocupaciones que no se ajusten a sus planes de desarrollo. Este enfoque, sin embargo, ignora el contexto de emergencia social que vive Buenos Aires, donde la pobreza y la falta de acceso a derechos básicos hacen que los espacios autogestivos sean vitales. La política de desalojos, en lugar de resolver los problemas de fondo, los agrava, dejando a la vista la falta de políticas públicas que den respuestas integrales a las necesidades de la población.

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Fuente: relevamiento informativo y análisis editorial.

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