En una resolución que refuerza la importancia de la movilidad sustentable y la participación ciudadana, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ordenó la suspensión de la remoción de la ciclovía ubicada en la calle Tucumán, entre Libertad y Talcahuano, y desde Avenida Uruguay hasta Billinghurst. La medida cautelar, dictada por el juez Scheibler, responde a un amparo presentado por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, que denunció irregularidades en el procedimiento llevado a cabo por el Gobierno de la Ciudad (GCBA) para desmantelar la infraestructura ciclista.
El conflicto se originó cuando el GCBA inició las tareas de remoción de la ciclovía sin contar con un acto administrativo que respaldara la decisión. Recién el 23 de diciembre de 2024, el gobierno local emitió la Resolución 327-GCABA-SECT-2024, que autorizaba formalmente la remoción. Sin embargo, esta resolución fue cuestionada por la Asociación Civil, que señaló graves irregularidades procedimentales, como la falta de informes técnicos previos y la ausencia de instancias de participación ciudadana, requisitos fundamentales establecidos en la legislación local y nacional.
La Asociación destacó que el GCBA violó principios ambientales básicos, como los de prevención y precaución, consagrados en la Ley General Ambiental (25.675). Además, subrayó que la remoción de la ciclovía se llevó a cabo sin cumplir con los requisitos legales que exigen una decisión basada en elementos objetivos y la participación de los sectores afectados. Estas irregularidades respaldaron la verosimilitud del derecho invocado, lo que llevó a la suspensión de las obras hasta que se resuelva el caso de fondo.
El amparo presentado por la Asociación Civil también hizo hincapié en el marco legal que obliga a promover sistemas de movilidad sustentable. Leyes como la 2930, la 2148 y la 6352 (Programa Buenos Aires Ciudad Bici) establecen la obligación de desarrollar, mantener y ampliar infraestructuras ciclistas como parte de una política pública destinada a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar el cambio climático. Estas normas están alineadas con compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú, que promueve la participación ciudadana en decisiones ambientales.
La protección de la ciclovía no solo tiene implicancias ambientales, sino que también está vinculada al derecho a un ambiente sano y a la seguridad vial de los ciclistas. La ciclovía de la calle Tucumán es un corredor más para quienes eligen la bicicleta como medio de transporte, especialmente en una ciudad donde la congestión vehicular y la contaminación son problemas crecientes. Según datos de organizaciones ciclistas, el uso de la bicicleta en Buenos Aires ha aumentado significativamente en los últimos años, convirtiéndose en una alternativa eficiente y ecológica para los traslados urbanos.
La bicicleta no solo contribuye a reducir la huella de carbono, sino que también promueve una vida más saludable y mejora la calidad del aire en las ciudades. En un contexto de crisis climática, fomentar su uso es una estrategia clave para avanzar hacia ciudades más sostenibles. Sin embargo, esto requiere de infraestructuras adecuadas y seguras, como las ciclovías, que protejan a los ciclistas y fomenten su uso masivo. La remoción de la ciclovía de Tucumán habría representado un retroceso en este sentido.
La decisión judicial también resalta la importancia de la democracia participativa en la toma de decisiones que afectan al ambiente. La legislación local, como la Ley 6352, establece la necesidad de generar instancias de diálogo y participación con los sectores vinculados al ciclismo urbano. En este caso, el GCBA omitió este paso, lo que es considerado como una falta grave que justificó la medida cautelar.
Esta resolución no solo representa una victoria para todos los ciudadanos que defienden el derecho a un ambiente sano y a una movilidad sustentable. Además, sienta un precedente importante en la protección de las ciclovías y en la exigencia de transparencia y participación en las decisiones urbanas. Mientras el caso avanza, la ciclovía de Tucumán seguirá en pie, recordando las prioridades de las ciudades por venir.
Fuente: Asociación Civil Observatorio del Derecho de la Ciudad
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