El pasado 2 de marzo de 2026, representantes de barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires se movilizaron hasta la Legislatura porteña en una jornada de protesta que buscó instalar sus demandas en la agenda política al inicio del año parlamentario. La marcha coincidió con el discurso de apertura de sesiones, un gesto simbólico para visibilizar que las necesidades de los sectores más postergados no pueden ser ignoradas por el poder político. La movilización, que congregó a organizaciones sociales, referentes territoriales y vecinos de villas y asentamientos, marcó un frente común en reclamo por la falta de respuestas concretas a problemas estructurales que se agravan con el tiempo.
El reclamo central fue el recorte presupuestario y el congelamiento de fondos destinados a la integración sociourbana, una política que, según los manifestantes, ha quedado relegada a un segundo plano en las prioridades del Gobierno porteño. Datos recientes confirman que el presupuesto asignado a vivienda y urbanización en 2026 es el más bajo de los últimos catorce años, representando apenas el 0,94% del total, muy por debajo de los niveles alcanzados en años anteriores. Esta reducción no solo frena obras esenciales, sino que profundiza la exclusión de miles de familias que dependen de programas estatales para acceder a servicios básicos como agua potable, cloacas y electricidad segura. La falta de inversión, advierten especialistas, no solo detiene el avance de proyectos en curso, sino que consolida la marginalidad en territorios donde el Estado tiene una deuda histórica.
Los manifestantes denunciaron que la paralización de obras públicas en barrios como Mugica, Villa 20, Playón de Chacarita y Rodrigo Bueno no es un hecho aislado, sino parte de una política de ajuste que prioriza otros sectores. Desde el inicio de 2026, se registró un freno en la ejecución de proyectos de infraestructura que ya estaban en marcha, dejando a comunidades enteras sin acceso a mejoras prometidas. Además, se alertó sobre el cierre operativo de áreas clave, como la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, lo que compromete derechos básicos y vulnera políticas públicas respaldadas por ley. La falta de continuidad en estos programas no solo afecta la calidad de vida, sino que también deja sin empleo a miles de trabajadores de cooperativas que dependen de estos fondos para sostener sus ingresos.
La protesta también puso en evidencia la estigmatización de los sectores más pobres, un discurso que, según las organizaciones, busca justificar el recorte de recursos. Los manifestantes exigieron ser reconocidos como ciudadanos con plenos derechos, rechazando la idea de que los barrios populares sean tratados como espacios de segunda categoría. Desde la Mesa de Barrios Populares y otras organizaciones, se insistió en la necesidad de políticas integrales que aborden no solo la vivienda, sino también el acceso al empleo digno, la salud y la educación. La urbanización, señalaron, no puede reducirse a la construcción de viviendas, sino que debe incluir equipamiento social, espacios públicos y oportunidades laborales que permitan una real integración.
Uno de los puntos más críticos es la interrupción de programas que, hasta 2023, habían logrado avances significativos en la regularización de villas y la mejora de condiciones habitacionales. El actual gobierno porteño ha cuestionado el modelo de urbanización implementado en años anteriores, tachándolo de fracaso, pero sin presentar alternativas claras. Mientras tanto, la falta de financiamiento afecta directamente a personas que viven en villas y asentamientos, donde la precariedad se agrava día a día. La reducción del 27% en los programas de urbanización y la caída del 15% en el presupuesto del Instituto de la Vivienda de la Ciudad reflejan una decisión política que prioriza otros destinos para los recursos públicos.
Las organizaciones también advirtieron sobre las consecuencias sociales del ajuste: comedores comunitarios, centros de salud y espacios de primera infancia ven recortados sus presupuestos, lo que pone en riesgo la contención de miles de familias. La falta de agua potable, cloacas y electricidad segura no solo deteriora la salud, sino que perpetúa ciclos de pobreza difíciles de romper. Referentes territoriales y curas villeros, como los del Equipo de Sacerdotes de las Villas, han elevado reclamos formales ante la Legislatura, exigiendo que se reviertan los recortes y se garantice la continuidad de las obras. Sin embargo, hasta el momento, las respuestas han sido insuficientes, limitándose a promesas de diálogo que no se traducen en acciones concretas.
La movilización del 2 de marzo no fue un hecho aislado, sino parte de una serie de protestas que se repiten en todo el país ante el avance del ajuste. La unidad lograda entre distintos sectores —desde la UTEP hasta organizaciones de izquierda y Cáritas— demuestra la urgencia de una política de Estado que atienda las necesidades reales de los barrios. Sin embargo, la respuesta oficial sigue siendo la misma: recortes, postergaciones y la justificación de que los recursos deben destinarse a otros objetivos.
El escenario actual plantea un desafío democrático: ¿cómo garantizar derechos básicos en un contexto de recesión y ajuste? La movilización buscó interpelar a los legisladores, pero también a la sociedad en su conjunto, para que tome conciencia. Mientras el debate presupuestario sigue en comisiones, las organizaciones insisten en que no habrá solución sin voluntad política y recursos suficientes.
Fuente: relevamiento informativo
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