La Ciudad Autónoma de Buenos Aires enfrenta una escalada sin precedentes en los desalojos, con más de 800 operativos registrados durante la gestión de Jorge Macri. Según datos oficiales, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 se contabilizaron 626 desalojos, pero en los últimos seis meses la cifra ascendió a 214, un aumento del 52%. El fenómeno no solo crece en volumen, sino que también cambia su naturaleza: en 2024, el 98% de los desalojos se realizaba por orden judicial, mientras que en 2026 el 58% fueron administrativos, sin intervención de un juez.

El uso de figuras como el riesgo de derrumbe para justificar estos procedimientos ha generado fuertes críticas. Organizaciones y vecinos denuncian que esta excusa se emplea de manera sistemática para desalojar a familias vulnerables, sin garantizar alternativas habitacionales. En 2025, las clausuras por este motivo fueron 185, pero en solo tres meses de 2026 ya sumaban 78, una tendencia que refleja una política de mano dura sin contención social.

El impacto humano es devastador. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, 4.482 personas fueron desalojadas, equivalente a más de un desalojo por día hábil. De ese total, 1.400 son niños y niñas, lo que significa que una de cada tres personas afectadas es menor de edad. En los primeros dos meses de este año, 1.280 familias quedaron en la calle, y el 30% de esos casos ocurrió en ese breve lapso. La Guardia de Auxilio, que en 2025 participaba en apenas el 2,86% de los operativos, en 2026 intervino en el 50%.

El Ministerio Público de la Defensa y la Defensoría del Pueblo de CABA han advertido sobre la falta de protocolos claros y la ausencia de asistencia habitacional para las familias afectadas. Denuncian que muchos desalojos se ejecutan sin orden judicial previa, vulnerando derechos básicos. Además, el presupuesto del Instituto de Vivienda de la Ciudad para 2026 es el más bajo en 14 años, con un recorte real del 15% respecto al año anterior, lo que agrava la crisis habitacional.

Frente a este avance, se han logrado algunos frenos judiciales. Fallos y amparos, como el registrado en San Telmo, han detenido temporalmente desalojos masivos o arbitrarios. Sin embargo, estas medidas son insuficientes para contener una política que prioriza la recuperación de inmuebles sobre la protección de los derechos de los habitantes más vulnerables.

Ante esta situación, es clave que las personas afectadas conozcan sus derechos y los recursos disponibles. El Ministerio Público de la Defensa de CABA ofrece patrocinio jurídico gratuito a través del Centro de Atención al Ciudadano, al 0800-333-3327 o en su portal oficial. La Defensoría del Pueblo, en Av. Belgrano 673, brinda orientación, mediación y acompañamiento, con atención al 11-4338-4900 o al 0800-999-3722. También la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia cuenta con un espacio de orientación en hábitat y vivienda.

La falta de políticas integrales y el enfoque represivo no resuelven el problema de fondo: la escasez de vivienda accesible y la especulación inmobiliaria. Mientras los desalojos se multiplican y el Estado reduce su inversión en soluciones habitacionales, las organizaciones insisten en la necesidad de un cambio de enfoque que priorice el derecho a la vivienda sobre intereses políticos o económicos.

La ciudad se enfrenta así a un escenario donde el derecho a un techo digno queda relegado frente a una estrategia que, lejos de resolver, profundiza la exclusión.

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fuente: relevamiento informativo

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